Organizaciones de la sociedad civil de todo el país, solicitaron en el día de hoy a través de un comunicado, que el Decreto 780/24 con el que el Poder Ejecutivo Nacional intenta restringir el derecho de Acceso a la Información Pública, sea dejado sin efecto.
El Decreto mencionado – tal como se indica en el comunicado de las ONGS – amplía el secreto y aporta discrecionalidad al dejar en manos del Gobierno Nacional la definición sobre lo que es un documento público y qué información puede ser considerada de la esfera privada de las autoridades, dándoles una especial protección.
Entre las 71 organizaciones firmantes de la petición se encuentran Poder Ciudadano, ACIJ FUNDEPS, FOPEA, Amnistía Internacional, ANDHES, CIPPEC, Directorio Legislativo, Fundación Nuestra Mendoza, FOCIS, RAAC, Red Ruido, Salta Transparente, entre otras.
Un decreto no puede limitar el acceso a la información pública
Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el Decreto 780/24 con el que el Poder Ejecutivo Nacional intenta restringir el derecho de Acceso a la Información Pública.
Un Decreto reglamentario no puede limitar el derecho de acceso a la información pública en contradicción con el alcance de la propia Ley de Acceso a la Información votada por el Congreso de la Nación en 2016.
Las excepciones establecidas por la Ley 27.275, que habilitan la negativa estatal a brindar la información solicitada, están lejos de lo reglamentado por el Poder Ejecutivo Nacional. El Decreto mencionado amplía la información que queda por fuera del interés público, amplía el secreto y aporta discrecionalidad al dejar en manos de los funcionarios/as públicos/as la definición sobre lo que es un documento público y qué información puede ser considerada de la esfera privada de las autoridades, dándoles una especial protección.
El Decreto 780/24 implica una seria regresión en materia de interpretación del derecho de acceso a la información a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y lucha contra la corrupción y genera un marco normativo discrecional por el cual las definiciones políticas del gobierno y las decisiones subjetivas de los funcionarios/as primarían por sobre el derecho de acceder a información en manos del Estado.
Solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que deje sin efecto este Decreto y se garantice el pleno acceso a la información pública.
Acción Colectiva – ACIJ – Alianza Regional por la Libre Expresión e Información – Amnistía Internacional- Andhes – Anima Chicos – ARPIAS (Salta) – Asuntos del Sur – CADE – CAIP – Campaña por el Aborto (Salta) – CAREF – Carrera Comunicación (UBA) – CECIM (La Plata) – CEG (La Plata) – CELS – CEPPAS – CIDC – CIPCE – CIPPEC – Clínica Jurídica de Acceso a la Información (UNLP) – Comunicación para la Igualdad – Conciencia – Consciente Colectivo – Democracia en Red – DEMOS – Directorio Legislativo – ELA – Escuela de Fiscales – FADECCOS – FARN – FATPREN – FEC – Festival Cine a la Vista – FIC – FOCIS (Salta) – FOPEA – F. para el Desarrollo Humano Integral – FUNDAR – FUNDEPS – Gestión Nativa – Hora de Obrar – Huésped – ILSED – Incidencia Feminista – INECIP – Khuyay – La Casa del Encuentro – La Fuerza de las Mujeres – Minka Digital – Mujeres en Igualdad – Mujeres por la Igualdad de Oportunidades – Mundosur – Nuestra Mendoza – Obs. de Just. Sanitaria y Climática Latam. – Patagonias.org – Periodistas Argentinas – Poder Ciudadano – RAAC – Red Ciudadana Nuestra Córdoba – REDCOM – Red Par – Red Ruido – RIPVGAR – Salta Transparente – SES – Sipreba – Unión Inquilinxs (Salta) – Vía Libre – Xumek
