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| (fuente: serviciopenitenciario.salta.gov.ar) |
Es de conocimiento público que la situación de las cárceles argentinas es crítica. Ello en razón de una diversidad de factores, tales como la superpoblación, la falta de inversión presupuestaria, la carencia de políticas penitenciarias respetuosas de la Constitución y de los Tratados Internacionales, etc.
Como consecuencia de ello, el sistema penitenciario en nuestro País se encuentra lejos de cumplir su finalidad primordial: la reinserción social de los internos.
Los distintos estudios y relevamientos realizados al respecto por diversas organizaciones públicas y privadas, tales como la Procuración Penitenciaria de la Nación, Amnistía Internacional, la Defensoría del Pueblo de la Nación, tan solo para citar algunos, confirman tal afirmación.
En marzo de 2.011, en el marco del 141 período de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) definió como “dramática” las condiciones de los detenidos en las cárceles y comisarías de la Provincia de Buenos Aires.
La Procuración Penitenciaria de la Nación en su informe sobre la situación en las cárceles federales durante el 2010 consignó que durante el último año se investigaron y documentaron 195 casos de maltrato y tortura en cárceles argentinas. En tanto que hubo 31 muertes el año pasado y en el primer trimestre del 2011 son 13 los fallecimientos documentados.
En su informe “Las Cárceles Argentinas” presentado en el año 2.006, el Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Eduardo Mondino da cuenta que la mayoría de las cárceles del país cuentan con superpoblación, existiendo duras condiciones de hacinamiento que nunca terminan de resolverse y en relación a Salta, dicho informe reveló que “La Unidad Carcelaria Provincial Nº 1 de la Provincia de Salta tiene un alto porcentaje de superpoblación. De acuerdo a la información brindada por el Subjefe de Departamento de la Unidad y tal como se destaca en el acápite relativo al hacinamiento como forma de violación de los derechos humanos, la capacidad máxima del establecimiento es de 750 internos y actualmente se encuentran alojados allí 1.116.
Del total hay 286 procesados provinciales, 100 procesados federales, 681 penados provinciales, 52 penados federales y 47 agregados. La situación se ve agravada por la institucionalización de internos del orden federal y por la reciente creación de juzgados federales de Oran, los cuales derivan allí a los detenidos. Se han denunciado casos de malos tratos. En la localidad de Güemes se estaría construyendo un establecimiento penitenciario federal para subsanar estos inconvenientes. Los efectivos del servicio penitenciario que trabajan dentro del organismo con los reclusos son aproximadamente 150.”
La situación actual en Salta – Pedido de informe a la Defensoría General de la Provincia
En la Provincia de Salta, en virtud de lo dispuesto por el art. 47 de la Ley 7.328 compete a la Defensoría General “Visitar en la forma que lo disponga el Reglamento las cárceles y los establecimientos de corrección, detención, prisión y dependencias policiales, a los fines de verificar el respeto a los derechos humanos de las personas internadas o detenidas en tales establecimientos provinciales.”
En cumplimiento de tal obligación constitucional, la Defensoría General ha contemplado en el marco de su Planificación Anual para el año 2.011, reforzar las visitas e inspecciones a establecimientos carcelarios y de detención y producir informes periódicos sobre la situación de los detenidos e internos.
PEDIDO DE INFORME
Considerando de importancia conocer la situación actual de las cárceles en nuestra Provincia, solicitamos el 20 de Septiembre de 2.011 copias de los informes periódicos sobre la situación de detenidos e internos que se hayan elaborado y copias de las actuaciones que se hayan iniciado ante las autoridades corerspondientes – desde el año 2.006 al 2.011 – en caso de que se hayan detectado vulneración de los derechos de las personas detenidas o en caso de que las instalaciones de detención no se hayan encontrado aptas para cumplir su objetivo.
RESPUESTA DE LA DEFENSORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
En respuesta a tal pedido de informe, la Defensora General Dra. Adriana Mabel Arellano, nos remitió el 6 de octubre de 2.011 un detalle de las fechas de las visitas efectuadas desde el año 2.006 al 2.011, omitiendo responder los puntos solicitados. Por tal razón reiteraremos nuestro pedido de informe.
