La Ordenanza Nº 13.930, reglamenta el principio de transparencia de la función pública y el derecho de acceso a la información pública. A la fecha, a pesar de que fue promulgada el 26 de julio de 2.010 aún no fue reglamentada. El Poder Ejecutivo Municipal tenía un plazo de 90 días para hacerlo.
Ante ello hemos presentado en el día de hoy una nota solicitando al Intendente su reglamentación, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales en caso de silencio o negativa.
La ordenanza que nos ocupa dedica una serie de artículos destinados a garantizar el acceso a través de sitios electrónicos a datos y antecedentes actualizados sobre diversas cuestiones de relevancia, tales como los actos que han sido objeto de publicación en el Boletín Oficial Municipal, los que establezcan relación con las funciones, competencias, y responsabilidades de los organismos y demás entes municipales; su estructura orgánica, sus facultades, funciones y atribuciones, el marco normativo que les resulte aplicable, la planta del personal y el personal contratado, la remuneración de los funcionarios que integran la planta política superior, las adjudicaciones para el suministro de bienes muebles, de servicios, las contrataciones de estudios, asesorías, consultorías, el presupuesto y su ejecución, etc.
Derecho de Acceso a la Información Pública
La ordenanza regula también el derecho de acceso a la información pública, determinando los principios generales que la informan y estableciendo que la autoridad de aplicación deberá establecer el procedimiento correspondiente.
Por último la Ordenanza prevé la creación de la Junta Para la Transparencia, entre cuyas funciones se encuentra fiscalizar el cumplimiento de la misma y aplicar sanciones en caso de infracción.
OBLIGACIÓN DE REGLAMENTAR
La ordenanza ha previsto que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentarla en el plazo de noventa días contados desde su publicación en el Boletín Oficial Municipal, plazo este que se encuentra ampliamente vencido.
El art. 35 de la Carta Orgánica Municipal, establece que es deber del Departamento Ejecutivo reglamentar las ordenanzas en los casos que correspondiera.
CONSECUENCIAS NEGATIVAS SE SU FALTA DE REGLAMENTACIÓN
La omisión del deber de reglamentar la ordenanza 1.3930 ha implicado en los hechos que la misma no tenga plena vigencia, a pesar de haber sido sancionada hace más de dos años.
Tal circunstancia ha provocado que los ciudadanos se vean privados de la posibilidad de gozar y ejercer con plenitud los derechos que la misma regula.
En el caso de la transparencia activa, regulada por la ordenanza como una obligación del estado municipal, ha ocasionado que aún no esté disponible en los sitios de Internet oficiales, la información que obligatoriamente debiera estar ya publicada.
En el caso del derecho de acceso a la información pública, no se ha establecido el procedimiento que debe aplicarse ante un pedido de acceso que pueda formular un ciudadano, no se han determinado los plazos en los que el órgano municipal debe brindar la información que le es requerida, circunstancias estas, que evidentemente, menoscaban el pleno ejercicio de este derecho de raigambre constitucional y convencional, que se encuentra íntimamente ligado con los principios republicanos y democráticos.
La ausencia de reglamentación ha motivado que no se encuentre en funciones la Junta Parala Transparenciacuyas funciones y atribuciones tienen por finalidad, precisamente el cabal cumplimiento de la ordenanza que aquí nos ocupa.
En definitiva la omisión en reglamentar la ordenanza en la que el Poder Ejecutivo Municipal ha incurrido configura un claro impedimento a la operatividad de los derechos por ella regulados, derechos que por otra parte tienen raigambre constitucional.
INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO
El art. 20 de la Ordenanza 13.930 contiene un mandato legal expreso e imperativo que impone al Poder Ejecutivo Municipal la obligación legal de reglamentarla en el plazo de 90 días. La omisión de hacerlo configurara el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Texto completo de la nota presentada
Salta, 31 de Agosto de 2.012
Al Sr. Intendente de la Ciudadde Salta
Sr. Miguel Isa
Presente
En mi carácter de ciudadano y vecino de la Ciudad de Salta y en ejercicio del derecho a peticionar a las autoridades, me dirijo a Ud. a fin de solicitarle que proceda a reglamentar la Ordenanza 1.3930, ordenanza que fuera promulgada el 23 de Julio de 2.010.
La Ordenanza1.3930, reglamenta el principio de transparencia de la función pública y el derecho de acceso a la información pública.
Respecto del primer punto, la ordenanza dedica una serie de artículos destinados a garantizar al público el acceso, a través de sitios electrónicos, a datos y antecedentes actualizados sobre diversas cuestiones de relevancia, tales como los actos que han sido objeto de publicación en el Boletín Oficial Municipal, los que establezcan relación con las funciones, competencias, y responsabilidades de los organismos y demás entes municipales; su estructura orgánica, sus facultades, funciones y atribuciones, el marco normativo que les resulte aplicable, la planta del personal y el personal contratado, la remuneración de los funcionarios que integran la planta política superior, las adjudicaciones para el suministro de bienes muebles, de servicios, las contrataciones de estudios, asesorías, consultorías, el presupuesto y su ejecución, etc.
La ordenanza regula también el derecho de acceso a la información pública, determinando los principios generales que la informan y estableciendo que la autoridad de aplicación deberá establecer el procedimiento correspondiente.
Por último la Ordenanza ha creado la Junta Para la Transparencia, cuyas funciones y atribuciones describe su art. 15.
La ordenanza ha previsto que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentarla en el plazo de noventa días contados desde su publicación en el Boletín Oficial Municipal, plazo este que se encuentra ampliamente vencido.
Cabe señalar que el art. 35 de la Carta Orgánica Municipal, establece que es deber del Departamento Ejecutivo reglamentar las ordenanzas en los casos que correspondiera.
La omisión del deber de reglamentar la ordenanza 1.3930 ha implicado en los hechos que la misma no tenga plena vigencia, a pesar de haber sido promulgada hace más de dos años.
Tal circunstancia ha provocado que los ciudadanos nos veamos privados de la posibilidad de gozar y ejercer con plenitud los derechos que la misma regula.
En el caso de la transparencia activa, regulada por la ordenanza como una obligación del estado municipal, ha ocasionado que aún no esté disponible en los sitios de Internet oficiales, la información que obligatoriamente debiera estar ya publicada.
En el caso del derecho de acceso a la información pública, no se ha establecido el procedimiento que debe aplicarse ante un pedido de acceso que pueda formular un ciudadano, no se han determinado los plazos en los que el órgano municipal debe brindar la información que le es requerida, circunstancias estas, que evidentemente, menoscaban el pleno ejercicio de este derecho de raigambre constitucional y convencional, que se encuentra íntimamente ligado con los principios republicanos y democráticos.
La falta de reglamentación ocasiona que en los hechos resulte dificultoso para los ciudadanos acceder a información pública. En mi caso personal he debido recurrir a la Justicia mediante una acción de amparo, ante la omisión de la Municipalidad en brindar la información sobre los gastos de publicidad. (“Guzmán Gonzalo c/ Municipalidad de la Ciudad de Salta s/ Amparo” Expte. Nº 2-395.849/12, Juzgado en lo Civil y Comercial de 7ª Nominación.)
La ausencia de reglamentación ha motivado que no se encuentre en funciones la Junta Parala Transparenciacuyas funciones y atribuciones tienen por finalidad, precisamente el cabal cumplimiento de la ordenanza que aquí nos ocupa.
En definitiva la omisión en reglamentar la ordenanza en la que Ud. ha incurrido configura un claro impedimento a la operatividad de los derechos por ella regulados, derechos que por otra parte tienen raigambre constitucional.
El art. 20 de la Ordenanza 13.930 contiene un mandato legal expreso e imperativo que impone al Poder Ejecutivo Municipal la obligación legal de reglamentarla en el plazo de 90 días.
Por todo ello, solicito a Ud., que en un plazo que no exceda los diez días hábiles, arbitre los medios que resulten necesarios a fin de que se proceda a reglamentar la ordenanza 13.930.
Hago expresa reserva de iniciar, en caso de silencio o negativa las acciones judiciales corerspondientes en resguardo de mis derechos constitucionales que se ven vulnerados ante la ilegítima omisión en la que ha incurrido, omisión que lesiona a su vez la garantía constitucional que prescribe que los poderes del Estado deben regir su actuación en base al principio de legalidad.
Hago expresa reserva a su vez de formular denuncia penal por entender que la omisión de reglamentar en la que ha incurrido configuraría el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Gonzalo Guzmán
