Pablo Outes, mano derecha de Gustavo Sáenz, es el actual Coordinador de Enlace y Relaciones Públicas de la Gobernación. El funcionario provincial omitió denunciar en sus declaraciones juradas de bienes, la sociedad comercial que mantuvo con Matías Huergo mientras fue funcionario municipal.
Así surge de la documentación oficial a la que tuvimos acceso y que da cuenta además de tal omisión, de una serie de irregularidades derivadas de la forma evasiva que Outes eligió para dar a conocer su patrimonio.
La Sociedad que Huergo y Outes mantuvieron en secreto
Matías Huergo, cabe recordar, es el principal imputado en la causa penal en la que la Justicia Federal de Salta investiga una millonaria evasión fiscal realizada a través de empresas involucradas también en un presunto fraude a la administración pública. Luego de pasar tres meses detenido, la Justicia Federal le otorgó la libertad sin pagar la fianza de diez millones de pesos, pero con la obligación de comparecer ante el Juzgado Federal N° 1 cada 15 días.
Fue precisamente en esa causa federal (FSA 24746/2017/CA13), que la Justicia secuestró un documento que da cuenta de una cesión de cuotas sociales realizadas a favor de Outes, operación esta que lo transformó en dueño junto a Matías Huergo de la empresa Lusal Obras.
Dicha sociedad, hasta ese hallazgo de la Justicia, se mantuvo en secreto. En efecto, nunca se publicó la existencia de esa sociedad en el Boletín Oficial como se destaca en el fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Salta que confirmó el procesamiento de Huergo, por el delito de asociación ilícita tributaria en el carácter de jefe u organizador.
Tampoco Outes, evadiendo las disposiciones de la Ordenanza 11.895, denunció ante la Escribanía Municipal la existencia de esa sociedad, acción esta que puede configurar el delito de omisión maliciosa en la presentación de declaraciones juradas que prevé el artículo 268 (3) del Código Penal.
Dicha norma establece que será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.
La omisión en declarar la existencia de esa sociedad frustra además, los altos fines de la Ordenanza 11.895, dictada precisamente para identificar, prevenir e investigar la posible comisión de actos de corrupción realizados por funcionarios públicos.
Otras irregularidades en las declaraciones juradas presentadas por Outes
Las disposiciones de la Ordenanza 11.895 establecen que es deber de los funcionarios municipales presentar ante la Escribanía Municipal una declaración jurada integral de su patrimonio al inicio y finalización de su gestión, como así también denunciar cualquier modificación patrimonial durante el ejercicio de sus funciones.
En virtud de tal ordenanza, es obligación de los funcionarios municipales informar de manera integral como está conformado su patrimonio, incluyendo, como se destaca en los considerandos de dicha norma, sus antecedentes laborales, y en especial las relaciones contractuales o laborales mantenidas en forma simultánea con el desempeño del cargo público, o aquellas que cesaron en un tiempo relativamente breve anterior a la toma de sus funciones.
El análisis de las declaraciones juradas que presentó Pablo Outes en su carácter de Coordinador General de la Intendencia de Gustavo Saénz, cargo que mantuvo desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2019, por las irregularidades y omisiones que detectamos, nos permite afirmar que existió, por parte de ese funcionario, una deliberada intención de ocultar su realidad patrimonial.
Las dos únicas declaraciones juradas que Outes presentó como Coordinador General de la Municipalidad consisten en dos escuetas carillas cada una, con muy poca información.
De acuerdo a su última declaración, presentada el 7 de febrero de 2020, Outes era el dueño del 50 % de dos inmuebles, uno ubicado en San Lorenzo y el otro en Metán, tenía $ 3.800.000 en efectivo, joyas por un valor de $ 700.000, acciones en la sociedad ABE SA. No tenía autos, ni otros bienes registrables, tampoco ninguna cuenta bancaria (ni siquiera una cuenta sueldo). Tampoco su cónyuge, de acuerdo a tales declaraciones, era propietaria de bien alguno.
El patrimonio que Outes declaró ante la Escribanía Municipal
Su primera declaración jurada, de dos carillas, fue presentada el 26/04/16.
Allí Outes, declara poseer el 50 % de un bien inmueble edificado en calle Joaquín Castellanos 878, San Lorenzo, Salta y el 50 % de un inmueble edificado en Belgrano esquina Sam Martín, en Río Piedras, Metán.
Señala contar con $ 1.500.000 en efectivo y joyas y alhajas por un valor de $ 200.000
Por último señala tener el 50 % de acciones en Agrinoa SA adquiridas en mayo de 2009 y el 50 % de acciones en Grupo Güemes SRL (no declara la fecha de adquisición.)
En su segunda declaración jurada, presentada el 7/02/20, dos meses después de finalizar su función de Coordinador, Outes declara un patrimonio casi tres veces mayor si computamos sólo los rubros “dinero en efectivo” y “joyas”.
En esa declaración el funcionario saencista declara seguir poseyendo el 50 % de los mismos inmuebles mencionadas en su declaración jurada anterior.
En cuánto a dinero en efectivo declaró tener $ 3.800.000 en efectivo y $ 700.000 en joyas.
Por último declara poseer acciones en una sociedad denominada ABE SA pero no menciona el porcentaje de su participación, ni la fecha de adquisición de las acciones.
Tampoco menciona lo sucedido con las sociedades comerciales cuyas acciones declaró poseer en su declaración jurada anterior, esto es, si fueron cedidas, a quién fueron cedidas y a cuánto.
Declaración jurada presentada por Pablo Outes el 26/04/2016
Declaración jurada presentada por Pablo Outes el 7/02/2020
Declaraciones juradas al margen de la ley
Las declaraciones juradas presentadas por Outes en virtud de su cargo de Coordinador General de la Municipalidad, distan de ser integrales y no cumple con el estándar de transparencia que establece la Ordenanza 11.895
Omitió Outes declarar si tiene cuentas bancarias y que montos tiene allí depositados. Resulta difícil creer que un funcionario público de su jerarquía administrativa no haya estado bancarizado. Al menos debió contar como cualquier otro empleado público, durante su paso por la Municipalidad con una “cuenta- sueldo”.
Tampoco declaró Outes poseer automóviles u otros bienes cuyo valor supere los $ 5.000, bienes estos que deben ser declarados de acuerdos a las disposiciones de las Ordenanza.
Tampoco declaró las ganancias que le reportaron las sociedades comerciales de las que formó parte, los ingresos anuales que le reportó la función pública y si contó con otros ingresos privados. También omitió Outes declarar los bienes de su cónyuge, Ana Inés López Fleming.
Todas estas omisiones hacen que sea difícil conocer con exactitud la realidad patrimonial de uno de los colaboradores más estrechos de Gustavo Saénz, funcionario que en el 2017 figuró como socio de uno de los imputados de una de las causas penales más escandalosas de los últimos años y que en su paso por la Municipalidad, de acuerdo a sus declaraciones juradas, prácticamente triplicó su patrimonio.
Seguiremos informando.
