La Justica intimó nuevamente al Gobierno de la Provincia a entregar información sobre publicidad oficial, desestimando cada uno de los argumentos que la Secretaría de Prensa, a través de la Fiscalía de Estado ensayó como excusa para no cumplir.
La resolución fue dictada por el Dr. , Vocal de la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, en el marco del juicio de amparo que iniciamos contra la Provincia el 30 de mayo de 2021, y debe cumplirse en un plazo de cinco días, plazo que vence el día de hoy.
Hasta el momento, no existen novedades en el expediente, si bien la Provincia optó por apelar la resolución, apelación que no suspende la resolución por tratarse de un proceso de amparo.
La documentación que el Gobierno debe entregar
El Gobierno de Gustavo Saénz aún no informó sus gastos en publicidad correspondientes al 2022 y los correspondientes a los meses ya transcurridos del 2023; tampoco acompañó las copias del expediente de contratación de la consultora PRAXIS SRL.
También omitió entregar copia de los expedientes de contratación de los medios que recibieron pauta oficial, y copias de las contrataciones de consultoras, medios y periodistas nacionales que recibieron publicidad durante el 2019, (año en el que el ex Gobernador Juan Manuel Urtubey lanzó su campaña presidencial).
El Gobierno no quiere informar tampoco los gastos de Urtubey en medios nacionales durante su campaña presidencial 2019
Sobre los gastos en publiciadad oficial en medios del ex Gobernador Urtubey, afirmó la Fiscalía de Estado que el Gobierno de Saenz “no posee registros”. Para justificar tal falsedad, la demandada señaló que la documentación sobre tales gastos corresponden “a otro gobierno” (SIC), y señala textualmente que “…el cual tenía su propia ley de Ministerios y la distribución de competencias respectivas, pero cuando cambia el gobierno, tal como aconteció en diciembre del 2019, el Gobierno entrante dicta su propia ley de Ministerios y distribuye la competencia como cree que es conveniente para llevar adelante su ejercicio. Por lo tanto, una competencia que tenía la Secretaría en 2019, puede ser modificada, como lo fue, por el gobierno entrante.”
Tales argumentos fueron desestimados por el juez quién señaló que “…resulta exigible la entrega de la información requerida, máxime teniendo en consideración que sobre la materia rigen los principios de facilitación y de buena fe en los términos establecidos en el art. 1º de la ley 27.275, a la que la Provincia se encuentra adherida.”
Multa al funcionario responsable
Respecto de nuestro pedido de multa al funcionario responsable, la Justicia resolvió no hacer lugar a nuestra pretensión y resolvió también dejar sin efecto la multa que contra la Provincia había establecido previamente. Contra esa resolución judicial, interpusimos un recurso de apelación.
Seguiremos informando.
