Un grupo diverso de especialistas y organizaciones de la sociedad civil elaboraron un documento en el que identifican un conjunto de propuestas de políticas públicas que Argentina debería implementar para asegurar las capacidades estatales en materia de prevención, detección y sanción de la corrupción. El documento está disponible en www.acuerdoanticorrupcion.org.
El Acuerdo sienta las bases para un debate público centrado en el impacto de la corrupción en la desigualdad, los derechos humanos y la calidad de la democracia. Las reformas que se impulsan están destinadas a los distintos poderes del Estado.
El grupo que impulsa el documento está integrado por Roberto Carlés, Manuel Garrido, Ricardo Gil Lavedra, Natalia Volosin, ACIJ, CIPCE, Directorio Legislativo, Poder Ciudadano, Acción Colectiva, CLADH, Fundación Cambio Democrático, Democracia en Red, Nuestra Mendoza y Salta Transparente. La iniciativa se encuentra abierta a adhesiones a partir de hoy.
El documento contiene un total de 74 propuestas, que forman parte de 16 ejes temáticos, presentados en las siguientes 6 secciones: “Un nuevo sistema nacional de integridad”; “Investigación y sanción de la corrupción pública y privada”; “Prevención de la corrupción en situaciones típicamente críticas”; “Políticas de transparencia”; “Fortalecimiento institucional”; y “Participación ciudadana”.
Entre los ejes temáticos que se proponen se encuentran la reforma en materia de ética pública, un nuevo sistema de compras y contrataciones del Estado, mejoras procesales para la persecución de la corrupción, políticas de transparencia en el financiamiento de la política, mejoras en los mecanismos y organismos de control, transparencia en los mercados y flujos financieros, así como la apertura de instancias de participación de la ciudadanía en la lucha anticorrupción.
Las instituciones argentinas padecen de deficiencias estructurales, producto de las cuales la corrupción afecta la plena vigencia de los derechos humanos, principalmente de los sectores más vulnerabilizados. Este fenómeno, en el que ocupan un rol central tanto el Estado como el sector privado, impacta en la calidad y disponibilidad de los bienes y servicios públicos y menoscaba la confianza en las instituciones de la democracia.
Para que estas propuestas de políticas públicas sean efectivas, las autoridades deben promover su implementación a través de la plena participación de la ciudadanía, de forma transparente y a través de un proceso constante de rendición de cuentas. Para esto, es fundamental establecer indicadores que permitan conocer la evolución de estas políticas y su efectivo impacto en la lucha contra la corrupción.
En función de ello, el Acuerdo Social Anticorrupción es una convocatoria a todos los actores de la vida social argentina, y particularmente a los partidos, referentes políticos y autoridades de todos los poderes del Estado, a adherir a este documento y utilizarlo como disparador de nuevos debates, a fin de generar los consensos estructurales y de largo plazo que necesitamos alcanzar para la construcción de un país con menos corrupción y, en particular, más justo e igualitario.
