Solicitamos al Gobernador que revoque la designación de la Dra. Buabse como fiscal

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El 28 de enero solicitamos al Gobernador de la Provincia que dejara sin efecto el Decreto 3.411/12 mediante el cual dispuso designar a la Dra. Gabriela Buabse en el cargo de Fiscal Penal del Distrito Judicial del Centro. El decreto fue dictado el 9 de noviembre y cobrará virtualidad una vez que la Dra. Buabse tome posesión de sus funciones, circunstancia esta que aún no ha ocurrido.
Consideramos que existen razones suficientes para que se proceda a revocar dicho decreto de designación.
Meses atrás tomo estado público un informe elaborado por el CIF que caracterizaba de manera desafortunada a una niña de 9 años, presunta víctima de un abuso sexual.
El cuestionado informe lleva la firma de la Dra. Buabse y de los “investigadores” Benjamín Diez y Mercedes Posse. Ante los cuestionamientos públicos que se hicieron en aquella oportunidad a modo de explicación o de defensa, la Dra. Buabse señaló que en la elaboración del informe habían participado una psicóloga y dos técnicos. 
Reiteró esa afirmación en una entrevista que mantuvo ante varios periodistas luego de haberse reunido con los senadores que evaluaron sus pliegos, conforme surge del video que ponemos a consideración.
Para constatar estas circunstancias solicitamos al Procurador General copias de las resoluciones de designación de quienes integran el CIF. De la documentación a la que tuvimos acceso, luego de sucesivas intimaciones la última semana de diciembre, surge que la única psicóloga designada, cumple funciones desde el 25 de junio de 2.012.

De los documentos surge también que el Departamento de Investigadores está integrado por empleados administrativos que fueron afectados para cumplir funciones de investigadores y que ninguno de los empleados tiene título de psicólogo ni otro título habilitante.

 

Teniendo que el informe citado fue elaborado el 16 de marzo surge de manera evidente que no participó ningún psicólogo. Por tales razones resulta llamativo y preocupante que la Dra Buabse haya informado a los medios de prensa y a los senadores que evaluaron sus pliegos, que en la elaboración del informe participaron dos técnicos y una psicóloga, cuando ello no fue así. Los Sres. Benjamín Diez y Mercedes Posse no tienen título habilitante y la única psicóloga que cumple funciones en el CIF como investigadora fue designada recién el 25 de junio.
Las afirmaciones de la Dra. Buabse fueron realizadas cuando se encontraba en pleno proceso su designación como fiscal. El decreto de designación fue dictado antes de que el Gobernador haya tenido oportunidad de conocer que en la elaboración del informe sólo participaron empleados administrativos, y que las manifestaciones de la postulada al respecto no se ajustaban a la verdad. 
Ha tomado estado público tan grave irregularidad, y la hoy Directora del CIF hasta la fecha no se ha manifestado al respecto.
Su actitud asumida quizá para no frustrar su designación, resulta sumamente grave y la descalifica para ocupar el cargo.
Es un imperativo etico y legal en nuestro ordenamiento que todo funcionario público debe actuar con probidad, rectitud y honradez y exteriorizar una conducta honesta. El funcionario público tiene la obligación de expresarse con veracidad en sus relaciones funcionales, y ejercer su cargo con transparencia, conforme lo establece el art. 61 de la Constitución de la Provincia.
Nuestra Constitución Provincial establece en su artículo 29 que todos los habitantes de la Provincia son admisibles en los empleos públicos sin otra condición que la idoneidad.
Como es sabido en nuestro Derecho la idoneidad es entendida no sólo como aptitud técnica y legal, sino también como aptitud moral y evidentemente no la tiene ha comprometido con su conducta la confianza que debe inspirar en la sociedad y ha puesto en riesgo la imagen que debe tener la comunidad respecto de sus funcionarios públicos.  
Estimamos que estas razones, son suficientes para revocar el decreto. Hoy la palabra la tiene el Gobernador. Es él el que deberá evaluar si a pesar de estas circunstancias, corresponde mantener la designación.
Nosotros entendemos que no. En una República no vale todo.  
Texto completo de la nota presentada al Gobernador el pasado 28 de Eenro
Salta, 28 de enero de 2013

 

 

 

Al Sr. Gobernador de la Provincia

 

Dr. Juan Manuel Urtubey

 

Su despacho

 

 

 

Me dirijo a Ud. en mi carácter de ciudadano y en ejercicio del derecho de peticionar a las autoridades a fin de solicitarle que en ejercicio de sus facultades ordene dejar sin efecto el Decreto Nº 3.411/12 mediante el cual dispuso designar a la Dra. María Gabriela Buabse en el cargo de Fiscal Penal del Distrito Judicial del Centro a partir de la fecha en que tome posesión de sus funciones.

 

 

Todo ello en virtud de las consideraciones que expongo a continuación:

 

 

Meses atrás tomó estado público a raíz de una publicación periodística un informe elaborado por el Cuerpo de Investigadores Fiscales del Ministerio Público en el marco de una investigación penal de un supuesto abuso sexual en perjuicio de una menor.

 

 

Como es sabido, este informe que – entre otras consideraciones – caracteriza a una niña de 9 años, presunta víctima de abuso sexual como alguien que “…no se muestra como una niña sino que se ubica más bien en un lugar de mujer, mostrando un cuerpo desarrollado que puede llegar a ser objeto de deseo”lleva la firma de su directora, la Dra. Gabriela Buabse, y de los “investigadores”,María Mercedes Posse y Benjamín Diez, según surge del facsímil que publicó El Tribuno a fines de octubre.

 

 

 

El Protocolo que regula la actuación a la que debe ceñirse el Cuerpo de Investigadores Fiscales si bien no cumple con los estándares internacionales sobre la materia, ya que no garantiza ni resguarda debidamente a las víctimas ni establece normas para evitar su revictimización, ha tomado al menos el recaudo de que las entrevistas con las víctimas menores y con sus familiares deben ser realizadas por “psicólogos forenses.”

 

 

Del fascímil publicado por el diario El Tribuno, surge que en su elaboración participaron la Dra. Gabriela Buabse, y los “investigadores” Mercedes Posse y Benjamín Diez.

 

 

Por su parte la Dra. Buabse aseguró públicamente aquellos días que habían participado en su elaboración una psicóloga del CIF, junto a dos técnicos.

 

 

Para constatar estas circunstancias solicité al Procurador General copias de las resoluciones de designación de quienes integran el CIF. De la documentación a la que tuve acceso (la última entrega de documentación por parte de la Procuración se concretó la última semana de diciembre de 2.012) surge que la única psicóloga designada, cumple funciones desde el 25 de junio de 2.012.

 

 

De la documentación a la que tuve acceso surge también que el Departamento de Investigadores está integrado por empleados administrativos que fueron afectados para cumplir funciones de investigadores y que ninguno de los empleados tiene título de psicólogo ni otro título habilitante.

 

 

Teniendo en cuenta tales circunstancias y que el informe arriba citado fue elaborado el 16 de marzo de 2.012 surge de manera evidente que no participó ningún psicólogo.

 

 

Por tales razones resulta llamativo y preocupante que la Dra. Gabriela Buabse haya informado a los medios de prensa y a los senadores que evaluaron sus pliegos, que en la elaboración del informe participaron dos técnicos y una psicóloga, cuando ello no fue así. Los Sres. Benjamín Diez y Mercedes Posse no tiene título habilitante y la única psicologa que cumple funciones en el CIF como investigadora fue designada recién el 25 de junio del 2.012. (Acompaño copias de las resoluciones Nº 215, 221 y 257 que así lo acreditan.

 

 

Las afirmaciones de la Dra. Buabse respecto de la participación de técnicos y de un psicólogo en la elaboración del mencionado informe fueron realizadas cuando se encontraba en pleno proceso su designación como fiscal.

 

 

El decreto de designación de la Dra. Buabse como fiscal fue dictado sin que Ud. haya tenido oportunidad de conocer que en la elaboración del informe sólo participaron empleados administrativos y que las manifestaciones de la Dra. Buabse al respecto no se ajustaban a la verdad.

 

 

 Ha tomado estado público tan grave irregularidad, y la hoy Directora del CIF hasta la fecha no se ha manifestado al respecto.

 

 

La actitud asumida por la Dra. Buabse quizá para no frustrar su designación como fiscal, resulta sumamente grave y la descalifica para ocupar el cargo que pretende ocupar.

 

 

Es un imperativo etico y legal en nuestro Ordenamiento que todo funcionario público debe actuar con probidad, rectitud y honradez y exteriorizar una conducta honesta. El funcionario público tiene la obligación de expresarse con veracidad en sus relaciones funcionales, y ejercer su cargo con transparencia, conforme lo establece el art. 61 de la Constitución de la Provincia.

 

 

Nuestra Constitución Provincial establece en su artículo 29 que todos los habitantes de la Provincia son admisibles en los empleos públicos sin otra condición que la idoneidad.

 

 

Como es sabido en nuestro Derecho la idoneidad es entendida no sólo como aptitud técnica y legal, sino también como aptitud moral y evidentemente no la tiene quién no sólo no ha demostrado desenvolverse en la función pública con probidad, veracidad y transparencia sino que también ha comprometido con su conducta la confianza que debe inspirar en la sociedad y ha puesto en riesgo la imagen que debe tener la comunidad respecto de sus funcionarios públicos. 

 

 

Por lo expuesto, solicito a Ud. que en ejercicio de sus facultades disponga dejar sin efecto el decreto Nº 3.411/12

 

 

Sin otro particular lo saludo a Ud. atentamente.

 

 

 

 

 

                                        Gonzalo Guzmán