Por segunda vez en menos de un año, el Concejo Deliberante presidido por Ricardo Villada se vio obligado judicialmente a proporcionar información pública.
Las dos veces por el mismo asunto: los gastos reservados municipales.
Noventa millones de pesos virtualmente desaparecieron en cinco años, en virtud de una cláusula que permitía gastar la partida de Subsidios sin rendir cuentas. De esos 90 millones, 26 fueron gastados en el Concejo Deliberante, en la Presidencia inmediatamente anterior a la de Villada, la del concejal Tomás Rodríguez, hoy Diputado Provincial.
El año pasado fue necesario transitar un juicio de amparo para lograr que el Presidente Villada entregase la documentación que se emitió para la ejecución de esa partida durante la Presidencia de Rodríguez: unas 200 disposiciones del Secretario Administrativo Costa, por las que se dispuso el gasto de 26 millones sin indicar destinatario, ni finalidad, ni número de expediente, ni comprobantes respaldatorios, ni nada.
En esta ocasión, el objeto del pedido de información fue el informe final de la promocionada auditoría que ordenó el Concejo como consecuencia del escándalo en 2014. Tras requerirlo infructuosamente durante más de seis meses, el ex-concejal Roque Rueda recurrió también a la justicia. Sólo mediante este recurso pudo conocer el informe final de la auditoría en cuestión. Hoy se conoció la sentencia, en la que se tiene al Concejo por allanado, con costas por haber forzado a Rueda a litigar.
Crónica de un silencio anunciado. La auditoría que no fue.
Durante el año 2014, el escándalo de los fondos reservados municipales consumió gran parte de la actividad del Concejo Deliberante. Varias sesiones se dedicaron al tratamiento del tema, entre ellas las que giraron alrededor de los pedidos de juicio político al entonces concejal Rodríguez y a los miembros del Tribunal de Cuentas Municipal.
Todas las iniciativas en ese sentido fueron quedando neutralizadas, cosa extraña en un cuerpo que tenía una supuesta mayoría opositora.
El tema se acalló finalmente con la decisión de realizar una auditoría de las cuentas del Concejo Deliberante.
En su primera versión, a través de la Resolución 172/14, se decidió que la auditoría sería llevada a cabo por contadores designados a razón de uno por cada bloque, y que se circunscribiría al período de la presidencia de Tomás Rodríguez.
Posteriormente, mediante Resolución 272/14, ese diseño de la auditoría fue modificado, extendiéndose a 10 años de gestión, y decidiéndose que lo realizaría una terna de contadores designados a propuesta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Comenzaba a notarse que el asunto se aguaba.
Luego de eso, no se supo más públicamente, salvo que en alguna entrevista periodística, cuando salió el asunto de los gastos reservados, Villada manifestó que el tema era parte de la auditoría que se había encomendado. Así lo dijo, también, al contestar el primer amparo de acceso a la información.
Este motivo fue el que llevó al ex-concejal Rueda a solicitar el informe final de la Auditoría en agosto de 2015.
Luego de varias visitas al Concejo Deliberante, reiteradas notas e intimaciones, Rueda recurrió a la justicia. Con la contestación de la demanda, por primera vez, se pudo conocer el famoso informe: Siete páginas. Ni un solo renglón dedicado a la cuestión de los fondos reservados.
Más reservados que nunca. La particular transparencia del Presidente Villada
La auditoría, como puede constatarse leyendo las versiones taquigráficas de las sesiones de fecha 14 de abril y 18 de junio de 2014, fue la supuesta solución a las enormes fricciones que este tema produjo en el seno del Concejo. El núcleo de la cuestión eran los fondos reservados, y más específicamente la desaparición de 26 millones de pesos en el Concejo entre 2012 y 2013. El informe final de auditoría no dedica un solo renglón a este tema.
Es ese, tal vez, el motivo de la reticencia a mostrar el informe.
El Presidente Villada ha hecho gala en innumerables ocasiones de haber transparentado el Concejo. No es lo que hemos visto nosotros. Al menos no en este tema. Y no es un tema menor.
En las Resoluciones por las que se decidió realizar la auditoría también se dispuso otra cosa: el cuerpo en pleno instruyó a su Presidente para que se constituyera como querellante en la causa penal iniciada por Rueda y el actual diputado Carlos Zapata, en la que se investiga el asunto. Villada no cumplió. Nunca se presentó como querellante. Este incumplimiento tuvo gravísimas consecuencias de impunidad, y podrá tenerlas mayores en el futuro.
Difícilmente, en nuestra opinión, puede declamar transparencia un funcionario que preside un cuerpo donde desaparecieron 26 millones en el período inmediatamente anterior y no hace nada por averiguar dónde fueron a parar. No solo eso: obstaculiza la tarea de quienes hemos querido aportar más elementos a la investigación.
El Concejo está fuera del Derecho.
Como dijimos, la auditoría no cumplió con el objetivo que se había buscado al decidir su realización.
Esto no puede atribuirse necesariamente a los profesionales auditores designados, dado que éstos actuaron bajo las condiciones que les impuso quien los contrató. El objeto de la auditoría fue definido con más precisión por la Presidencia luego de que el pleno del Concejo decidiera realizarla.
Ahora bien, el escueto informe de siete páginas, es de todos modos lapidario. Demuestra que, más allá de la cuestión específica de los fondos reservados, el Concejo Deliberante, sus sucesivos Presidentes y Secretarios Administrativos, se han creído con derecho a abstraerse de todo el orden jurídico en materia contable y de gestión de los dineros públicos.
La lectura del informe, que acompañamos escaneado a esta nota, demuestra la gravedad de los incumplimientos en que incurrieron las autoridades del Concejo Deliberante durante años, con la vista gorda, evidentemente, del Tribunal de Cuentas.
Todos esos incumplimientos, una vez detectados y certificados por profesionales de la contabilidad, debieron disparar al menos la promoción de alguna denuncia por el Presidente del Concejo que encomendó el trabajo de auditoría. Sólo una actitud de índole corporativa, de códigos internos, explica que eso no haya sucedido.
Seguiremos informando.
(con la colaboración de Roque Rueda)
El Informe de Auditoría
Publicamos a continuación de manera íntegra el informe de auditoría contable que el Presidente del Concejo Deliberante, Ricardo Villada mantuvo en secreto desde marzo de 2.015. En un programa televisivo concejales de distintos bloques políticos confirmaron que no tenían conocimiento de dicho informe.
