El 27 de marzo de 2.015, Ricardo Villada, presidente del Concejo Deliberante de Salta, recibió un informe de auditoría sobre la ejecución y control del gasto de ese cuerpo legislativo.
La auditoría había sido ordenada por el propio Concejo Deliberante ante el escándalo de los fondos reservados y fue realizada por tres contadores independientes designados a propuesta del Concejo de Ciencias Económicas.
De acuerdo a la información que manejamos, el informe nunca fue girado a los concejales y se hizo público gracias a una acción judicial planteada por el ex-concejal Roque Rueda.
El informe de auditoría, ya publicado en este blog, , si bien nada dice sobre los “fondos reservados”, pone en evidencia la desidia y el descontrol con el que los distintos presidentes del Concejo Deliberante y los miembros del Tribunal de Cuentas Municipal, manejaron y controlaron, los recursos públicos durante los últimos diez años.
A pesar de lo contundente del informe, Ricardo Villada, actual presidente del Concejo no promovió, que sepamos, ninguna acción penal, a pesar de estar obligado a hacerlo, dada su condición de funcionario público. (art. 267 del Código Procesal Penal de Salta), ni tampoco inició – que sepamos, sumarios administrativos contra los responsables de llevar las cuentas del Concejo.
Desidia y descontrol en el manejo de los recursos públicos
La auditoría pone en evidencia la ilegalidad con la que se manejaron los recursos públicos en los últimos diez años.
Ese estado de cosas y la falta de control por parte del Tribunal de Cuentas permitió que desaparecieran 90 millones de pesos en los últimos años, bajo la ilegal figura de “fondos reservados.”
No alcanza hoy conque Villada emprolije para el futuro las cuentas, siguiendo las recomendaciones de la auditoría. Tiene la obligación además de determinar los responsables.
Los puntos más relevantes del informe
Destacamos a continuación las principales observaciones e irregularidades detectadas por los auditores:
- La auditoría, tal cual consignan los contadores en su informe, tuvo serias limitaciones derivadas de la falta de colaboración del Concejo. Los auditores no contaron desde un principio con un espacio físico adecuado para desarrollar su trabajo, y no se les proporcionó una parte significativa de la información por ellos requerida.
- El Concejo Deliberante no cuenta con manuales de procedimientos administrativos.
- Los estados contables y financieros se registran en planillas excel sólo a los fines de su sumatoria, contariando los más básicos principios de contabilidad.
- El Concejo Deliberante durante los años 2.012 y 2.103 (Presidencia a cargo de Tomas Salvador Rodríguez) no contó con un sistema de registración contable integral a pesar de lo prescripto por la normativa vigente.
- El Concejo no posee un sistema de ejecución presupuestaria, lo que dificulta las tareas de análisis y control.
- La debilidad del sistema de control interno, dispersión normativa y existencia de “usos y costumbres” no plasmados en una norma legal.
- La falta de programación mensual de la ejecución del presupuesto.
- En la elaboración del presupuesto se contrarían clausulas constitucionales.
- El sistema de contabilidad aplicado por el Concejo contraría normas legales.
- El sistema de contabilidad no es único y uniforme para todo el Concejo.
- El Concejo no registra todas las transacciones que se producen de manera integrada
- El sistema contable del Concejo no presenta de manera ordenada la información a fin de facilitar las tareas de control.
(El informe de auditoría puede consultarse aquí)
Seguiremos informando.