Solicita empatía

Sr. Presidente de la Excma. Corte de Justicia de Salta:

Marcelo A. PREMOLI, Abogado M.P. 2.258, con domicilio profesional en Avda. Tte. Grl. Juan Domingo Perón Nro 3.399 del Barrio Alto La Loma de esta ciudad, se dirige a Usted y por su digno intermedio a todos los integrantes del más Alto Tribunal de la Provincia, en el contexto de la pandemia COVID-19 y de las normas que rigen el aislamiento social, preventivo y obligatorio, para manifestar muy respetuosamente lo siguiente.

Los abogados somos integrantes del sistema de Justicia desde los distintos roles que asumimos en diferentes materias y fueros, ya sea formando parte del Poder Judicial, ya sea formando parte del Ministerio Público Fiscal o Ministerio Público de la Defensa, ya sea representando o patrocinando a las partes en las diferentes posibilidades en materia procesal, etc. Desde diversos roles contribuimos con un servicio esencial del Estado, pero que así como los servicios de Salud Pública, o el de Educación Pública, o el de Seguridad, no forma parte del aparato productivo.

Las industrias, las PYMES, y otras actividades que generan riqueza y puestos de trabajo, conforman el aparato o motor de producción nacional y/o provincial, a lo que se suman los comercios y empresas que prestan servicios, y hasta los trabajadores que pagan impuesto a las ganancias (por más que nunca hayan percibido más que conceptos alimenticios), que en definitiva a través del pago de diferentes impuestos permiten al Estado obtener los fondos para su desenvolvimiento. O sea, con esos ingresos el Estado eroga los haberes y remuneraciones de los que integran la administración pública en las estructuras de los tres poderes, creados por las constituciones nacional y provincial, y en el orden municipal la respectiva administración.

Ante la crisis actual en que se encuentran nuestro País, nuestra Provincia y los municipios, es sumamente importante ser austeros con los pocos recursos de la deprimida economía, que lejos de encontrarse en crecimiento se encuentra en profunda recesión y desfinanciada, para lo cual los poderes del Estado y todos los organismos públicos que lo integran, ya que no pueden colaborar en sus labores con la producción, por lo menos deben reducir gastos para evitar que se profundice aún más la referida crisis económica.

Los docentes universitarios en el caso de la Universidad Católica de Salta, desde que se inició el aislamiento social, preventivo y obligatorio, han continuado las actividades académicas desde sus hogares o lugares de trabajo particular (estudio jurídico), utilizando sus computadoras particulares para no discontinuar con el servicio de educación, que en definitiva es el que puede permitir mejorar el futuro de nuestra Patria y nuestra amada Provincia; lo que no es ajeno a numerosos integrantes de esa Excma. Corte de Justicia que también participan del mismo esfuerzo.

Los integrantes de fuerzas de seguridad, como el caso del suscripto que es Oficial de una Fuerza Federal, han tenido que duplicar su esfuerzo laboral para cubrir el trabajo de camaradas que integran población de riesgo, y hasta la fecha ya sufrieron la perdida de numerosas y cercanas vidas que no eludieron el servicio para cumplir con las misiones y funciones correspondientes.

Con mucha tristeza y desaliento, se observa que los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Provincia y de la Nación, y otro tanto en el ámbito municipal, no hicieron ningún esfuerzo que acompañe a la crisis del sistema productivo, lo que se encuentra diametralmente contrapuesto a los incrementos de labores y riesgos de los integrantes del Sistema de Salud Pública, por lejos los más afectados, y otro tanto pero en menor magnitud de riesgo, pero no de trabajo, en los que integran servicios de seguridad y de educación.

No debe dejarse por alto a los colegas que obtienen sus ingresos exclusivamente con el ejercicio liberal de la profesión, que se ven duramente afectados por la referida crisis, a lo que se suma la actual Feria Extraordinaria por Acordada Nro 13.175, que agrava más aún la delicada situación en que se encuentran, postergando el progreso de los procesos que en definitiva son la fuente más importante de sus ingresos, o quizás la única, tratándose de un concepto alimentario.

En el caso particular del Servicio del Poder Judicial de la Provincia, es muy comprensible que la pandemia haya generado zozobra en el personal que lo conforma, que surja la necesidad de tomar medidas urgentes de protección, pero las mismas tienen que acompañar el contexto y el esfuerzo del resto de la sociedad. Sabiendo que todos los servicios mencionados son esenciales, no pueden dejar de ser brindados, y para el caso del servicio de Justicia, brindarlo no comprende el elemental servicio que se imparte con “juzgados en feria” que sólo cubren los casos excepcionales y más urgentes. Por lo cual, dicho servicio esencial se tiene que sobrellevar en las actuales circunstancias, adaptándose a la nueva realidad como lo hacen el resto de los servicios esenciales.

Más aún, quienes no forman parte del aparato productivo del Estado, mucho menos pueden generar gastos sin cumplir con la obligatoria prestación del servicio esencial al que pertenecen.

Muy respetuosamente, y también como salteño que venera y honra el sacrificio de quienes ofrendaron su vida por la Patria, particularmente en la gesta de la Independencia y en la de Malvinas, sin pretender tal sacrificio extremo, solicita se considere que el Poder Judicial de la Provincia acompañe al resto de la sociedad que continúa en las respectivas labores pese a la pandemia, prestando el servicio esencial de Justicia a través de los sistemas informáticos (que desde hace varios lustros se incorporaron a la vida judicial, o estuvieron a disposición por lo menos) y desde los lugares seguros en que se encuentren sus miembros, incluso desde sus propios hogares, así como lo están cumpliendo muchos de los integrantes de los otros servicios esenciales referidos ut supra, en un mundo que se transforma permanentemente y es necesario adaptarse a cada nuevo desafío.

Dicho de otro modo, las ferias judiciales tienen en principio una finalidad de higiene laboral, que en otros ámbitos de trabajo se denominan “vacaciones”, y que están previstas normalmente con esos fines. Ante la realidad del contexto de COVID-19, más allá de la justificable circunstancia excepcional prevista en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, frente el descomunal esfuerzo realizado por los integrantes del Sistema de Salud Públicajustamente en circunstancias excepcionales, y no menor que realizan también el resto de los servicios referidos ut supra, resulta lógico que desde el Poder Judicial también se tomen las medidas pertinentes para que se garantice la prestación del servicio de Justicia, y en ese caso percibir los haberes quienes así lo hagan, caso contrario, corresponde que quienes deciden no hacerlo soliciten licencia sin goce de haberes, como en cualquier otro trabajo.

Es necesario ser muy realistas y sinceros: nadie sabe cuándo va a terminar la pandemia. Por lo tanto, también es necesario que con esfuerzo personal, planificación, imaginación, buena voluntad, con medios estatales o propios (como lo hacen docentes y quienes integran servicios de seguridad cumpliendo funciones administrativas) se superen los mayores y menores obstáculos, para contribuir a que los servicios esenciales se sigan prestando del mejor modo posible. Para la pandemia, dos semanas son apenas un puñado de días en la incertidumbre de su duración. O sea que, la Feria Extraordinaria con plena certeza, no va a lograr superarla.

Por otra parte, como lo hacen los docentes primarios, secundarios y universitarios desde sus propias casas, es necesario dar ejemplo a la sociedad desde las estructuras del Estado. La crisis ha golpeado a numerosas familias perdiendo sus fuentes de trabajo, para quienes es difícil asimilar que los que integran estructuras estatales puedan percibir sus ingresos sin cumplir con sus obligaciones laborales, lo que en definitiva atenta contra el prestigio de los mismos, y en particular pone en tela de juicio al Servicio de Justicia.

Sin otro particular, y a la espera de una lectura comprensiva y empática, los saluda muy atte.

MARCELO A. PREMOLI

ABOGADO

M.P. 2.258