ACIJ, FOCIS, Salta Transparente y ALFA presentaron una serie de solicitudes de acceso a información a los diferentes ministerios del Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta, a fin de que provean todos los datos de transparencia activa que deberían estar publicados en sus respectivos sitios web, acorde a lo que establece la normativa vigente. A su vez, impulsarán la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública y la puesta en marcha de los organismos de control que ésta prevé.
Si bien la provincia de Salta adhirió a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública (N 27.275), ésta no se ha reglamentado ni se han puesto en marcha algunos de sus aspectos fundamentales, incluyendo la falta de un órgano garante que pueda controlar al Estado frente a posibles incumplimientos.
En este contexto, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS), Salta Transparente y el Centro Comunitario para el acceso a la Justicia (ALFA) decidieron iniciar una agenda de trabajo conjunto sobre el Acceso a la Información Pública en la Provincia. El involucramiento activo de este grupo de organizaciones en torno a esta agenda supone un fuerte compromiso en pos de la implementación efectiva de los mecanismos de acceso a la información en la provincia, ofreciendo propuestas concretas para su mejora.
Para ello, en los últimos días se presentaron una serie de solicitudes de acceso a información pública a los diferentes ministerios del Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta, a fin de que provean toda la información que debería estar publicada en sus respectivos sitios web, en función de las obligaciones de transparencia activa que prevé Art. 32 la Ley 27.275. La información que estos organismos deberán entregar incluye, entre otros aspectos: su estructura orgánica y funciones; la nómina de autoridades y personal; las escalas salariales; el presupuesto asignado a cada área, programa o función; las transferencias de fondos y sus beneficiarios; la totalidad de las contrataciones públicas (licitaciones, concursos, obras públicas y adquisiciones de bienes y servicios); los informes de auditorías o evaluaciones, internas o externas; los permisos, concesiones y autorizaciones otorgados y sus titulares; y otros datos clave.
El acceso a la información pública ha sido reconocido como un derecho humano fundamental que, a la vez que permite a la ciudadanía involucrarse informadamente en los asuntos públicos y exigir rendición de cuentas de las instituciones de gobierno; opera como un derecho “llave”, en tanto facilita el acceso a otros derechos y el activismo en torno a ellos. Por ello, además de poder medir el nivel de respuesta por parte de los distintos organismos obligados por la ley, hacer pública esta información permite fortalecer el sistema democrático provincial impulsando instituciones sólidas que aseguren el cumplimiento de la Ley, posibiliten la participación ciudadana y estén enfocadas en satisfacer los derechos de la población -especialmente en beneficio de grupos vulnerabilizados-.
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